El pasado mes de marzo el Frente de Defensa Miguelense FREDEMI emitió un comunicado en el que hacía público que personal de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, estaba recogiendo firmas en las comunidades aledañas a la zona en donde se encuentra la mina Marlin para que
respalden la ampliación minera por túneles. Así mismo, se denunciaba los impactos negativos que esta actividad estaba generando en la zona y pedía a las comunidades que no firmaran dicha solicitud.
En 2003, el gobierno de Óscar Berger autorizó a la mina Marlin 20km cuadrados para la explotación de oro y plata en los municipios de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos.
Desde el inicio las comunidades indígenas han mostrado su rechazo a la instalación de esta empresa extractiva en su territorio, siendo conscientes de los daños que conllevan las prospecciones mineras, no sólo en la salud de las personas sino también en los bienes naturales (agua, suelo y aire), indispensables para una vida digna.
Esta oposición quedó clara en la consulta comunitaria que se realizó en Sipacapa el 18 de junio de 2005, en donde el 98% de la población dijo NO a la exploración y la explotación minera.
Sin embargo, esta consulta al igual que otras que se han realizado en diferentes puntos del país, han sido rechazadas declarándolas como “no vinculantes” por los sucesivos gobiernos, violando de manera sistemática el derecho a la soberanía de los pueblos.
Y mientras las comunidades indígenas son despojadas de sus derechos, las élites políticas y económicas guatemaltecas continúan poniendo en venta el país. Actualmente de los 22 departamentos, en 16 hay concesiones de explotación, específicamente en 106 municipios, con 343 licencias vigentes. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas cifra en 611 las peticiones de licencia relacionadas con minerales y materiales de construcción.
Esta política extractivista, que lleva impulsándose durante los últimos años, parece que va a encontrar su aliado en el actual gobierno del presidente de la República Jimmy Morales. De esta manera su ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón, anunció en febrero de este año el fin de las moratorias y la agilización de las concesiones.
En este contexto se enmarcan los últimos movimientos de la empresa Goldcorp, quien solicitó su ampliación al gobierno transitorio de Alejandro Maldonado. Para ello, y como por ley una mina en Guatemala dispone como máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo, la estrategia para continuar al menos dos años más fue restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área de explotación. En total 20 kilómetros cuadrados. Así, el 11 de enero fue aprobada la ampliación de la mina Marlin, ampliación que sigue adelante con el actual gobierno.
Parece que la transnacional canadiense cuenta con el beneplácito del actual gobierno de Guatemala, no así con el apoyo de las comunidades de San Miguel de Ixtahuacán y Sipacapa que continúan en resistencia. En esta lucha, medicusmundi bizkaia, junto con Mugarik Gabe y Farmamundi, les acompañamos en la defensa de sus derechos frente a las agresiones de las transnacionales extractivistas.
