Trabaja en el departamento de salud de Osakidetza, pero, además, Juan Luis Uria ejerce de presidente de Osalde, una asociación que forma parte del Foro Vasco por la Salud, en el que comparten espacio diferentes organizaciones y colectivos en la defensa de una sanidad pública y universal. De hecho, en la actualidad el Foro y medicusmundi estamos inmersos en un proyecto conjunto que, entre otros objetivos, tiene la realización de una investigación sobre los procesos privatizadores y el acceso a la salud que se están dando en el sector público vasco. En esta entrevista, habla de estos temas y de las reclamaciones que al respecto se están haciendo a las instituciones públicas.
Por Mónica Míguez Ricón
Leer en: Boletin MMB invierno 2015
-Usted pertenece al colectivo sanitario. ¿Están al tanto de los procesos de privatización que se están dando en el Servicio Vasco de Salud?
La verdad es que no se nos informa en absoluto. No hay información transparente ni por parte de Osakidetza ni del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco sobre estos procesos que, aunque escasos y menos espectaculares que en Madrid, Valencia, Cataluña o Galicia, sí se están dando. En ese sentido, lo que sabe el colectivo sanitario es a través de los sindicatos. Saben acerca de las restricciones en contratación de personal y que no se ha negociado nada en cuanto a condiciones laborales en los últimos cinco años. Y tampoco se sabe cómo evolucionan los presupuestos o cómo lo han hecho los gastos en los conciertos.
-¿Hay algún aspecto en el que se estén notando en mayor medida los efectos de la crisis?
En Euskadi donde más se han hecho notar ha sido en los sueldos del colectivo sanitario, que ha visto reducida su capacidad adquisitiva entre un 6 y 10%. También ha habido restricciones en la contratación de personal, pero la financiación del conjunto del sistema se ha mantenido, de tal manera que ahora mismo el gasto por habitante en salud es el más alto del Estado español, con 1.568 euros por persona previsto en los presupuestos de 2015.
-El argumento principal de organismos como el Banco Mundial para privatizar tanto a nivel estatal como europeo es el aspecto económico, pero desde el Foro se dice que para los indicadores de salud alcanzados en Euskadi el gasto es incluso bajo.
En la sanidad se mueven millones de euros; no solamente en edificios, sino en tecnología y farmaindustria. Así que los sectores económicos más poderosos a nivel internacional y estatal, entre los que están bancos, grandes aseguradoras o inmobiliarias no quieren que la salud se quede fuera del sector privado; o sea, del negocio. Y presionan en Europa y en el Estado español para que el sector se privatice al máximo; que se privaticen las tareas externas, como pueden ser las lavanderías, las cocinas o la seguridad. Se habla de externalización, de tareas que no tienen que ver con la gestión clínica. Para nosotros, sin embargo, externalizar también es privatizar porque se le da al sector privado.
-Así, entonces, recursos públicos acaban en bolsillos privados.
Los presupuestos de salud del Gobierno Vasco son una tarta en la que, lo que no das al sector público porque lo conciertas con laboratorios privados, etc., se lo estás dando al privado; con lo que son áreas de trabajo que no se desarrollan a nivel público. El concierto con el Oncológico de Donostia, por ejemplo, ha aumentado el número de pacientes de Osakidetza que van al Oncológico, con lo que Osakidetza paga equis dinero a este centro por cada paciente que atiende. Y hay pacientes que, pudiendo ser tratados en el Hospital público se están derivando al Oncológico, con lo que supone de coste adicional. Algo parecido sucede con la Clínica de la Asunción de Tolosaldea. En esta comarca no se ha desarrollado un servicio de gineco-obstetricia público porque está este centro privado con el que se tiene un concierto. Estos son dos ejemplos de concierto privado que hace que el sector público no mejore.
-¿Hasta dónde cree que podría llegar el Gobierno Vasco en estos conciertos, externalizaciones, etc.?
Nos encontramos en un escenario curioso. La mayoría de los gobiernos que han dado pasos importantes de privatización han caído del lado de la izquierda social, con lo que se están dando fenómenos de reversión. Está sucediendo ya en Castilla La Mancha, Madrid o Aragón. Aspectos de la gestión que se estaban privatizando, se están dejando de privatizar y están volviendo al sector público. Así que la perspectiva es cuando menos curiosa. La crisis va a seguir golpeando a los sectores más desfavorecidos y la gente no va a mejorar sus niveles de renta, pero las CCAA que están bien financiadas por lo público, como puede ser la nuestra, la andaluza, la extremeña o la asturiana, la perspectiva, comparativamente con el resto de Europa, no es mala, porque son autonomías con políticas sociales progresistas. El enigma está en qué puede suceder en las próximas elecciones generales. Habrá que ver los grupos que se presentan, porque una de las reivindicaciones más potentes de los colectivos profesionales y sociales es erradicar el Real Decreto de 2012 que imponía el copago farmacéutico o el no atender a inmigrantes sin papeles en los servicios público de salud; una serie de sinsentidos que pretende meter cuñas para que no haya sanidad pública en el Estado español.
-El Gobierno Vasco se declaró insumiso al cumplimiento de dicho Real Decreto, pero ¿no contrasta esto con los conciertos con el sector privado o el empeoramiento de las condiciones laborales que comentaba?
El Gobierno Vasco es el único de las CCAA que planteó su desacuerdo al Decreto y, al no poder anularlo, lo que ha hecho, en el tema del copago, es habilitar un presupuesto para pagar al colectivo pensionista los fármacos que compra y, por otra parte, para la población inmigrante en situación irregular, ha hecho unas circulares para que tengan acceso a Osakidetza y a una o un médico de cabecera asignado. Se ha intentado amortiguar los efectos que crearía la aplicación de este Real Decreto habilitando partidas especiales para que los aspectos que más gravan a la salud aquí no se apliquen. Y, efectivamente, las personas inmigrantes están siendo atendidas. Desde el Foro Vasco por la Salud y otros colectivos estamos muy al tanto para corregir inmediatamente los errores que pueda haber a este respecto. Y, en principio, tanto el consejero de Sanidad como el Gobierno Vasco tienen una actitud proactiva respecto a que la población inmigrante en situación irregular tenga asistencia médica y que al colectivo pensionista que paga sus recetas se le devuelva el importe por medio de un sistema llamado “reintegro de gastos”.
-¿Qué demandas se hacen desde el Foro Vasco por la Salud respecto a las privatizaciones y al acceso universal a la salud?
En resumen, y en primer lugar, que si se quiere llevar a cabo una política progresista a favor de los intereses de las personas en la CAPV hay que aumentar la financiación de la sanidad y de las políticas sociales. En este punto no pedimos que se dé lo que no se tiene, pero que si está aumentando la riqueza en Euskadi con el trabajo de toda la ciudadanía, hay que mejorar las infraestructuras, sí; pero también la salud o la educación. Pedimos, que al menos el 1% del PIB se dedique a mejorar la sanidad pública vasca. Supondría dedicarle entre 3.000 y 4.000 millones de euros, con lo cual se podría, por ejemplo, mejorar, estabilizar y ampliar la plantilla de profesionales. En segundo lugar, creemos que hay que separar el sector público del sector privado. Este último debiera vivir de sus propias capacidades y no de parasitar al sistema público. Habría que separarlos, por ejemplo, planteando la incompatibilidad de trabajos entre lo público y lo privado entre los responsables y jefes de servicio de hospitales y centros de salud. Una tercera cuestión que reclamamos es la urgencia de seguir disminuyendo el gasto farmacéutico, pero no tanto el de los centros de salud como el de los hospitales. De lo que hablamos es de racionalizar el consumo farmacéutico, lo que significa poner en marcha políticas de prevención de la salud en el conjunto de la ciudadanía. Un cuarto punto que reclamamos es la necesidad de que la ciudadanía y el colectivo sanitario entren a participar activamente en los órganos sanitarios integrados en los hospitales y centros de salud. Si no participamos no nos enteramos de lo que pasa, de qué se hace con nuestro dinero. Tenemos que estar en estos órganos para poder discutir y hacer propuestas de cara a mejorar los sistemas de gestión y, por ende, la eficacia y la eficiencia del sistema. El objetivo es ese, la eficacia y eficiencia del sistema. Y para conseguirlo necesitamos más transparencia y más democracia en el conjunto del sistema público vasco de salud.
