En el año 2010, Naciones Unidas declaró explícitamente que el derecho de acceso a agua y saneamiento es un derecho humano. Así, asumía la responsabilidad de la comunidad internacional y los gobiernos de garantizar un acceso a agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y económicamente asequible.
Algo tan básico como encender un grifo para beber agua es una ilusión para millones de personas de la zona rural de África Subsahariana que comparten fuentes de agua doméstica con animales o dependen de pozos sin protección que son caldo de cultivo de importantes enfermedades. La distancia media que camina una mujer, o una niña, en África y en Asia para recoger agua es de 6 kilómetros.
Esto son sólo ejemplos que reflejan la dura realidad en algunos países para acceder a un bien tan básico como el agua, pero demuestran cómo la escasez, deficiencia o inaccesibilidad de este bien tan básico interactúa con el disfrute de otros derechos humanos como la salud o la educación de las niñas.
Naciones Unidas también ha declarado que “(…) el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”.
Ya hemos señalado cómo afecta el efectivo disfrute del derecho al agua al cumplimiento de otros derechos humanos, pero también nos parece fundamental la consideración del agua como un bien público, que introduce un elemento esencial para analizar este derecho humano, en el actual contexto de recortes de presupuestos y de derechos como el que padecemos y en un mundo globalizado en el que enriquecimiento de algunos países sigue siendo a costa del empobrecimiento de otros.
Los recortes ponen en grave peligro la continuidad de procesos de mejora de los servicios sociales básicos en países empobrecidos hasta la pobreza extrema, de procesos de empoderamiento de colectivos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres o personas desplazadas, de iniciativas que fomentan la educación para el desarrollo en pro de una ciudadanía comprometida con la justicia social a nivel internacional, la defensa de los derechos humanos y la equidad de género.
El agua no puede convertirse en un bien con el que se negocie, en una mercancía con la que las empresas generen beneficios; entendemos que esta posibilidad es contraria a la garantía del derecho humano al acceso a agua y saneamiento que ha proclamado Naciones Unidas y que mientras en la práctica coexistan la realidad de la comercialización del agua y el reconocimiento del derecho humano a su acceso, este último será necesaria e intencionadamente incumplido.
En este sentido compartimos plenamente los objetivos de la campaña europea “El agua es una derecho humano”, que lleva recogidas cerca de dos millones de firmas, orquestada por varias organizaciones de la sociedad civil y que busca garantizar unos servicios de agua y saneamiento para todas las personas, la no liberalización de los servicios de agua y el acceso universal y global al agua y saneamiento.
Como Coordinadora de ONG de Desarrollo reivindicamos que el acceso al agua y su consideración como bien público, sea un derecho humano no sólo reconocido sino efectivamente garantizado en todos los lugares del mundo y para todas las personas.
Mila Domínguez Vázquez
Coordinadora ONG de Desarrollo de Euskadi
