Las organizaciones que integran el Foro Vasco por la Salud, entre las que se encuentran entidades como Osalde, Munduko Medikuak o Medicus Mundi, quieren denunciar en el marco del 18 de diciembre, establecido por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Población Migrante, la exclusión continuada que sufre la población inmigrante irregular del sistema público vasco de salud y, por tanto, reclamar una atención pública y universal para toda la población de la CAV, sea inmigrante o no.
Tras el Real Decreto Ley 16/2012 promulgado por el Gobierno Central, que retiraba a nivel estatal las tarjetas sanitarias a la población inmigrante en situación irregular, el Gobierno Vasco promulgó el Decreto 114/2012, con el objetivo regular la cobertura sanitaria para las personas excluidas dentro del sistema público vasco de salud. El acceso estaría supeditado al cumplimiento de tres requisitos: el empadronamiento ininterrumpido en el País Vasco durante un año como mínimo; la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o tener ingresos inferiores a la misma y carecer del acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otra vía. Si no cumplen estas condiciones solo tienen garantizada por ley la atención dentro de la sanidad pública vasca mujeres durante el embarazo, parto y postparto, menores de 18 años y casos de urgencia; aunque también las enfermedades infecto-contagiosas y de riesgo para la salud pública pueden ser tratadas en función de la Instrucción Comarcal de 12 de septiembre de 2013.
En un principio dicho Decreto mejoraba la situación en Euskadi respecto a la mayoría de las CCAA que aplicaron el RDL de forma más estricta. No obstante hubo otras, como Andalucía y Asturias, que nunca aplicaron el RDL y siguieron atendiendo a inmigrantes en situación irregular como antes de 2012. Además, hay que destacar que después de las elecciones autonómicas de mayo de este año, varias CCAA han normalizado el acceso a inmigrantes en situación irregular, flexibilizando las condiciones. Navarra y Baleares no exigen empadronamiento; Aragón, Cantabria, Cataluña y Valencia lo exigen de tres meses y otras CCAA han anunciado cambios aún sin especificar. Mientras, la situación en Euskadi sigue siendo la misma que en 2012.
En cuanto a las cifras exactas del número de personas a las que está afectando esta situación, es imposible saberlas. A nivel Euskadi no se cuenta con datos oficiales y tampoco el Gobierno Central los aporta, aunque en un primer momento se habló de la retirada de unas 800.000 tarjetas sanitarias a nivel estatal. La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), por su parte, informaba recientemente que entre enero de 2014 y julio de 2015 había reunido más de 1500 casos de personas que habían visto vulnerado su derecho a la salud: 109 casos de menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria; 232 incidencias en urgencias (denegación de atención, facturaciones irregulares…) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.
No obstante, son cifras que representan solo una mínima parte de las personas que se han podido ver afectadas, pues se recogieron tan solo entre quienes acudieron a alguna de las organizaciones que integran dicha red para recibir acompañamiento, asesoría o atención médica. A nivel Euskadi, Munduko Medikuak ha presentado 27 quejas al ararteko, después de lo cual él mismo ha dirigido una carta al consejero de Sanidad en la que se denunciaba esta situación de parte del colectivo inmigrante.
Estos datos reflejan que ni siquiera se está cumpliendo con lo que establece la ley. Según afirma Carmen López, integrante del Foro y médica en el CASSIN (Centro de Atención Sanitaria para Personas Inmigrantes) que Munduko Medikuak tiene en Bilbao, “a diario vienen a la consulta personas que han visto vulnerado su derecho a la atención sanitaria según lo establecido en el Decreto, bien porque le han puesto trabas para tramitar la solicitud, bien porque les amenazan con facturarles la atención de urgencias, bien porque se les niega la atención a mujeres embarazadas, a casos urgentes e incluso a menores”. Para López es importante señalar los efectos negativos que estas situaciones tienen sobre el colectivo inmigrante en situación irregular, pues “provocan un efecto disuasorio a la hora de acudir en busca de atención sanitaria imposible de cuantificar, pero importante sin duda sobre otras personas”.
