El Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (ICAB) destina a la cooperación internacional el 1% de su presupuesto desde 1999, lo que le convierte en una institución muy comprometida con la Cooperación al Desarrollo. Durante estos años, el Colegio ha colaborado con medicusmundi Bizkaia (MMB) en numerosas ocasiones. En la última década, ha apoyado varias iniciativas en Honduras: de 2015 a 2019 trabajamos con el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Las Chonas, promoviendo la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia mediante la prevención y la atención integral feminista (legal y emocional) a sobrevivientes, promoviendo el debate y un marco jurídico protector de los DDHH de las mujeres, defendiendo un Estado laico, y poniendo el foco en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con formaciones y en alianza con las Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Desde 2022, el Colegio de la Abogacía ha apoyado el trabajo de OPROUCE (Organización Pro Unión Ceibeña), con quien llevamos colaborando desde 2015 y que opera en el departamento de Atlántida, donde MMB está desde 2007. Allí, promocionamos y protegemos los Derechos Humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad junto a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales. La colaboración con OPROUCE ha permitido avanzar en la defensa de los derechos de mujeres trans y personas de la Diversidad Sexual y de Género, abordando las profundas desigualdades y la violencia que enfrentan en Honduras.
Formación a servidoras de salud, abril 2025. OPROUCE
Gracias al apoyo del ICAB, hasta ahora, OPROUCE ha podido atender y acompañar legalmente 150 casos de mujeres trans, mujeres diversas y población LGTBIQ+. Además, ha podido formar a 50 proveedores de salud y a 75 operadores de justicia, sobre todo Policía, en materia de Derechos Humanos y, en concreto, derechos de la población trans.
Lamentablemente, en más del 70% de los casos atendidos, no se ha logrado obtener justicia para las víctimas, ya sea por falta de pruebas, desinterés de las autoridades o revictimización en los procesos legales. Asimismo, se ha identificado que la violencia no solo es ejercida por actores privados, sino que también hay una responsabilidad directa de las instituciones del Estado en la perpetuación de estas vulneraciones.
Taller de formación en Derechos Humanos de poblaciones LGTBIQ+, Mandato del Conaprev, Sexo y Género a la Policía Nacional, noviembre 2024. OPROUCE
La violencia y la impunidad son alarmantes: desde 2017 hasta principios de 2025, se han registrado 280 asesinatos de personas LGTBIQ+ en Honduras, es decir, alrededor de una persona LGTBIQ+ asesinada cada 11 días (en un país de 10 millones de habitantes). De 2009 a 2023 las muertes violentas reportadas de personas de la diversidad sexual en Honduras fueron 459. Del total de estas muertes, 107 casos han sido judicializados y solo 44 han obtenido una sentencia condenatoria, el 9,6%.
2009 es una fecha significativa en Honduras: entre otras cuestiones, ocurrieron el Golpe de Estado y el asesinato de Vicky Hernández. Vicky Hernández era una mujer trans, activista por los derechos humanos, trabajadora sexual y con VIH; fue asesinada en San Pedro Sula, durante un toque de queda en el marco del golpe de Estado y en un contexto de violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+, en especial contra las mujeres trans. Existen varios indicios de la participación de agentes del Estado y hubo una investigación negligente; por eso, en 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Honduras por su muerte y por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de sus familiares.
OPROUCE participa en la Mesa de Políticas para Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social, octubre 2024. OPROUCE
El apoyo del Colegio de Abogacía también ha servido para que OPROUCE dé seguimiento a la sentencia y a la implementación de las medidas de reparación del caso Vicky Hernández. Y es que, la articulación con otras entidades estatales, regionales y de la sociedad civil es crucial. OPROUCE participa en la Mesa de Políticas para Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el Observatorio de Justicia y Género, en el Comité Nacional de Veedurías de Poblaciones Clave de Honduras y en la Mesas Nacional de Acceso a la Justicia LGTB+ y trabaja con el CONAPREV (Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes), el CONADEH (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos), la Procuraduría General de la República, el Módulo de Atención Integral Especializad (MAIE) del Ministerio Público, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONU Mujeres, el coordinador de los Servicios de Atención Integral (SAI) de La Ceiba, el Hospital General de la Atlántida, la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trans Migrantes (FemiTransLac), el Centro Penitenciario de El Porvenir, la Unidad Departamental de Prevención número 1 en el departamento de Atlántida, la asociación Kukulcan… La coordinación interinstitucional es necesaria para la protección de Derechos LGTBIQ+.
Para continuar es esta línea, en 2025, el Colegio de la Abogacía de Bizkaia financia el proyecto «Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y Protección de Derechos Humanos para Mujeres Trans, Mujeres Diversas y Personas LGTBI en Municipios Vulnerables de Honduras: Un Enfoque Comunitario y Legal en La Ceiba, Tela, El Porvenir, Jutiapa, Sabá, Balfate y Sonaguera«. Así, OPROUCE podrá sensibilizar a más miembros de la Policía Nacional Preventiva y Policía Militar y, por otro lado, fortalecerá su programa de asesoría y atención legal, garantizando asesoría jurídica especializada y diferenciada para mujeres trans, mujeres diversas y población LGTBI+ víctimas de violencia y exclusión. Además, OPROUCE continuará dialogando con más de 30 actores claves de los sectores de seguridad, justicia y gobierno, en un proceso de diagnóstico, discusión colectiva y seguimiento de casos de las poblaciones diversas y LGTBIQ+.
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