Por Hugo Icú. Director ASECSA
“Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde, norteamericano y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y consumo, los recursos naturales y los recursos humanos.” (Eduardo Galeano)
Hombres y Mujeres Mayas frente a la Minería Transnacional, es el nombre del proyecto implementado en consorcio por ASECSA y UKUX BE en Guatemala, y por medicusmundi bizkaia, Mugarik Gabe y Farmamundi en Bilbao. Tiene como objetivo fortalecer las capacidades políticas, sociales y técnicas de las mujeres y hombres mayas de Guatemala, especialmente en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa, para la demanda, defensa y ejercicio de los derechos individuales y colectivos frente a las agresiones de la minería transnacional.
Un poco de historia
El proyecto minero Marlin, se encuentra ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del departamento de San Marcos, es una mina de oro y plata con un método combinado, a cielo abierto y por medio de túnel.
En octubre de 2005 la empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp, inició sus operaciones mineras, con la intención de obtener unos 2.67 millones de onzas de oro. La compañía guatemalteca tiene unos ingresos elevados, considerando que produce unas 200.000 onzas de oro al año. Para hacernos una idea, el precio del oro fluctúa hoy día entre $1200 y $1350 la onza.
¿Cómo están Operando?
Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades indígenas cercanas a la mina. Este rechazo ha quedado patente tanto en las consultas comunitarias realizadas desde el año 2005, donde la gran mayoría de la población ha mostrado su rechazo, como en los distintos bloqueos de los caminos de acceso a la mina durante el transcurso de las operaciones mineras.
Poco a poco, las grandes máquinas han ido devorando las montañas, creando un cráter grande y profundo. Los camiones llevan a diario toneladas de roca a la planta de procesamiento para ser trituradas. Las actividades directas de la empresa minera, como las explosiones para quebrar la roca de la montaña, al igual que las actividades indirectas, como el paso de unos 40 camiones al día, han provocado que muchas casas de aldeas cercanas a la mina sufran grietas en sus paredes. A pesar de que las casas se empezaron a rajar desde el inicio de las operaciones mineras, la compañía descarta cualquier relación.
El vecindario de estas comunidades fue presionado por la empresa para vender sus terrenos utilizando para ello el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para iniciar la explotación. No vender el terreno, según la empresa, significaría un muy posible desalojo.
Una buena parte del proyecto minero esta cercado con malla metálica (cerca o alambrada) para proteger su “propiedad privada” y aislar así a las familias y las comunidades. Eso se está convirtiendo en una forma de presionar a las personas para que vendan sus tierras, pues al fin y al cabo el acceso a las mismas se ve dificultado.
En la actualidad existen conflictos intra e intercomunitarios, el primero porque dentro de una misma comunidad hay personas que están a favor y en contra del proyecto minero, lo que ha venido a tensionar el frágil proceso de conciliación existente después de 36 años de guerra interna. Los conflictos intercomunitarios, se dan, en su mayoría, porque comunidades “aliadas” al proyecto minero utilizan a sus líderes para beneficio de la empresa. La multinacional ha dividido la organización comunitaria y los líderes.
El conflicto social inicia desde que se implementan las operaciones en 2005, cuando el estado custodió con 1500 efectivos de la policía y el ejército el paso de maquinaria de mina Marlín en la carretera interamericana. Comunidades Kaqchikeles fueron reprimidas durante las protestas en el paso. En 2007, varias comunidades de San Miguel Ixtahucan realizaron una protesta para solicitar un dialogo con la empresa, exigir un reajuste al pago de sus tierras, una recompensación económica por las grietas en sus casas y la creación de una comisión independiente para monitorear la contaminación del agua. En respuesta, la empresa impuso demandas legales a los principales líderes, emitiendo los poderes judiciales varias órdenes de capturas.
Es una continuación del saqueo y la Política Neoliberal
Los últimos gobiernos que hemos tenido han impulsado una agenda mercantilista y empresarial que abre las puertas a las privatizaciones, tratados de libre comercio y ahora a la minería, las hidroeléctricas, los monocultivos y otros megaproyectos. Por lo anterior, el contexto le es favorable a la empresa minera y al impulso de políticas neoliberales que generan un grave daño tanto al entorno natural como a las personas que lo habitan. Este modelo, además, genera división entre las comunidades y aumenta la criminalización hacia los movimientos sociales. Estamos ante un modelo de desarrollo impuesto, que rompe con nuestra cosmovisión basada en la relación armónica de la humanidad con la madre tierra. Se dice que los indígenas nos oponemos al desarrollo, pero eso no es cierto. Creemos en un desarrollo surgido de los pueblos, controlado por los pueblos, administrado por los pueblos. Nuestras abuelas y abuelos nunca manejaron una lógica capitalista de acumulación a toda costa, sin importar la vida humana y el futuro de la tierra.
La situación de la Salud en el área minera
En mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, otorga medidas cautelares para proteger la salud y la vida de 18 comunidades de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. Las medidas cautelares han sido sistemáticamente incumplidas por la empresa, favoreciendo el surgimiento de enfermedades ambientales y crónicas producidas por la contaminación industrial provocada por la Mina.
En estos momentos Mina Marlin está publicando a través de varios medios de comunicación un estudio que hizo el Ministerio de Salud en Julio del 2014, señalando que las enfermedades de la piel, gastrointestinales y neurológicas encontradas no guardan relación con la actividad minera. No mencionan que el estudio evidencia que un análisis físico-químico de una de las fuentes, el valor del aluminio, rebasa el límite máximo permisible. Tampoco se sabe quien pago este estudio realizado por epidemiólogos y especialistas del Ministerio de Salud, que sufre una crisis presupuestaria evidente en estos momentos. Los puestos y centros de salud, al igual que algunas escuelas, reciben regalías y prebendas por parte de la mina para obtener así su aval. También se aprovechan de la escasez de presupuesto del Ministerio de Salud y educación para el pago de personal que le sirve de informante local.
Por su parte, la Comisión de Paz y Ecología COPAE hizo público en febrero de este año 2015 un informe técnico-científico de la calidad del agua alrededor de la mina, señalando que en el pasado año 2014 se determinó contaminación por metales pesados como hierro, aluminio, cobre, magnesio y compuestos como sulfatos y nitratos para el caso de aguas superficiales, mientras que en el caso de los nacimientos o pozos se encontró hierro, magnesio, cadmio y níquel, los cuáles excedieron las normas establecidas por el Banco Mundial para minería a cielo abierto, normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección del Medio Ambiente y la norma guatemalteca para agua potable; lo que implica una contaminación directa desde la mina Marlín en los puntos de muestreo.
A manera de conclusión
La industria minera es un mal negocio para el país, y en las condiciones actuales no aporta nada al desarrollo de las comunidades. La regalía legal que dejan es del 1%, aunque gracias a la presión social están ahora de manera voluntaria otorgando el 5%. Por otro lado, las Consultas Comunitarias han logrado cuestionar la supuesta democracia del país, pero sobre todo contribuyen al fortalecimiento del verdadero estado de derecho que necesitamos. El modelo de desarrollo de las mujeres y hombres del altiplano occidental de Guatemala se basa en el respeto, la conservación de su patrimonio natural y sus medios de vida, y en la construcción de un estado de derecho incluyente, donde el ser humano sea sujeto y no una mercancía.
La industria extractiva destruye el tejido social campesino y su medio de producción: la tierra, el agua, el bosque. Despoja a los campesinos de la tierra, los desaloja de su medio, les quita el trabajo tradicional que conocen y aman, los priva de la posibilidad de producir alimentos y los despoja de su identidad, cultura y organización social propia. La industria extractiva responde a intereses de las corporaciones internacionales en componendas con las élites de poder nacional y el gobierno, y con el apoyo de las instituciones financieras mundiales. La industria extractiva no es una industria sostenible y no es favorable para el país explotado, porque los recursos naturales que se formaron a lo largo de miles de años son extraídos destruyendo los ciclos de vida del área, son sacados del país sin pagar un precio justo y sin asumir el costo de los daños causados. La industria extractiva deja el área de explotación totalmente destruida, contaminada e improductiva durante cientos de años.
